Por Rosalva Romero
Bolivia ostenta un récord que no debería enorgullecernos, somos el país con la mayor tasa de informalidad laboral del mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al tercer trimestre de 2023, el 80,8% de los trabajadores bolivianos se encuentraban en la economía informal. En otras palabras, 8 de cada 10 personas trabajan sin seguro, sin jubilación, sin estabilidad, sin derechos. Y si hablamos de mujeres, el dato es aún más doloroso, pues el 83% de ellas sobreviven en la informalidad y esto no es una casualidad, es una consecuencia.
En Tarija, y particularmente en Yacuiba, esta realidad se siente con mayor crudeza. La caída de los ingresos por renta petrolera desde 2015 sumió a nuestra región en una recesión que, lejos de revertirse, ha ido profundizándose. La casi nula presencia de empresas privadas en comparación con otros departamentos del país nos deja en una situación asfixiante, el Estado como único gran empleador, sin capacidad ni visión para dinamizar la economía local.
En este escenario, la informalidad no es una opción libremente escogida, resulta ser el único camino que queda cuando las puertas del empleo digno están cerradas. No hay inversiones, no hay incentivos, no hay apoyo real a la pequeña y mediana empresa. En cambio, sí hay trabas, burocracia, y un Estado que muchas veces estigmatiza al informal en lugar de comprender que su situación es fruto del abandono.
La juventud es otra víctima silenciosa. La OIT advierte que el 60% de las y los jóvenes en la región trabajan en condiciones informales. Muchos ni siquiera logran trabajar. Otros, pese a estudiar, terminan subempleados, frustrados, atrapados en un sistema que no conecta la educación con el mercado laboral. Las mujeres jóvenes, además, enfrentan una doble carga: la de los cuidados no remunerados y la falta de oportunidades reales para salir adelante.
Y aunque es cierto que la competencia laboral recae sobre el nivel central del Estado, también es verdad que los gobiernos subnacionales sean municipales, regionales y departamentales son los que inciden directamente en a quién se emplea, a quién se apoya, y qué sectores se priorizan. Hoy hay un desequilibrio marcado, se castiga al sector privado con indiferencia, trabas o inseguridades legales, mientras se sobredimensiona el aparato público para dar empleos temporales, precarios y muchas veces con fines políticos.
Hoy, con la reducción de ingresos públicos y la creciente presión social por achicar el aparato estatal, muchas instituciones están prescindiendo de personal sin contemplar la posibilidad de recontratación. Esto anticipa un incremento paulatino del desempleo, especialmente en regiones como la nuestra, donde las oportunidades laborales son escasas. A esta crítica situación se suma el hecho de que entidades como el Gobierno Regional y la propia Asamblea Regional mantienen deudas salariales con sus trabajadores, profundizando la incertidumbre y empujando a más personas hacia la única opción que parece quedar: la informalidad.
¿Es este el modelo que queremos seguir perpetuando? ¿Uno donde ser emprendedor sea casi un acto de resistencia? ¿Uno donde la juventud se vea forzada a migrar o resignarse?
La solución no está en discursos vacíos. Está en diseñar políticas territoriales que incentiven la producción local, que apuesten a los talentos de nuestras juventudes, que reconozcan el trabajo informal como punto de partida, no como estigma, y que se creen condiciones para que la gente pueda formalizarse sin asfixiarse en trámites y multas.
Yacuiba necesita políticas públicas con enfoque económico local, necesita una alianza seria con el sector privado y líderes que entiendan que el empleo digno no se decreta «se construye».
La informalidad es el síntoma. Lo que debemos atacar es la enfermedad «la falta de visión, de compromiso y de políticas reales que impulsen el desarrollo de verdad». Debemos crear condiciones para que el trabajo digno, la innovación y la seguridad laboral dejen de ser promesas y se conviertan en realidades palpables.
Abgda. Rosalva Romero
Activista social y política. Especialista en liderazgo, comunicación y políticas públicas con enfoque de género_generacional .