La gestión impulsada por la senadora Rosalva Romero para esclarecer los alcances reales de la propuesta denominada “50/50” dejó al descubierto la falta de sustento técnico y normativo sobre una iniciativa que ha sido ampliamente utilizada en el discurso político nacional.
Tras meses de espera, la respuesta oficial al Petitorio de Informe Escrito (PIE) presentado por la legisladora evidencia que la propuesta aún no cuenta con una estructura definida ni parámetros claros para su aplicación.
De acuerdo al informe remitido por el Ministerio de la Presidencia, el denominado “50/50” es actualmente un eje programático que continúa en proceso de formulación dentro del Plan General de Desarrollo Económico y Social 2026-2035 y del Plan de Desarrollo Económico y Social 2026-2030, sin precisiones concretas sobre su ejecución.
La documentación también refleja que, frente a consultas fundamentales sobre distribución de recursos, impacto en regalías, coparticipación tributaria, IDH, autonomías, reformas legales necesarias y afectación a departamentos productores como Tarija, la respuesta institucional se limita reiteradamente a remitir a una explicación general, sin estudios técnicos ni proyecciones financieras que respalden su viabilidad.
La senadora Rosalva Romero observó que esta falta de precisión genera preocupación, ya que una propuesta de semejante magnitud no puede sostenerse únicamente en planteamientos discursivos sin un análisis técnico serio.
“Bolivia necesita certezas, transparencia y responsabilidad cuando se habla de redistribución de recursos públicos. La ciudadanía merece conocer con claridad cómo se ejecutaría una propuesta de esta naturaleza y cuáles serían sus efectos reales para las regiones”, señaló.
Desde distintos sectores, la ausencia de información concreta empieza a fortalecer cuestionamientos sobre si el “50/50” responde a una política pública estructurada o si se trata únicamente de una narrativa política sin sustento operativo definido.
La senadora anunció que continuará realizando seguimiento y fiscalización para exigir información precisa que permita al país debatir con seriedad cualquier modificación al actual esquema de distribución de recursos.