Ante el declive de los hidrocarburos, el proyecto hidroeléctrico promete cubrir hasta el 70% de la demanda nacional, pero enfrenta una muralla de resistencia en las comunidades del Chaco.
Lugar en donde se prevé construir la presa El Carrizal
Datos técnicos de la hidroeléctrica
El proyecto hidroeléctrico El Carrizal vuelve al ojo de la tormenta, mientras sectores políticos y técnicos de Tarija, Chuquisaca y Potosí impulsan una nueva etapa de socialización para consolidar su ejecución, comunidades indígenas, pescadores y ambientalistas se resisten a esta iniciativa argumentando los riesgos irreversibles para el río Pilcomayo y el ecosistema chaqueño.
La discusión ya no gira únicamente en torno a la generación de energía. El proyecto se ha convertido en un escenario de confrontación entre dos visiones de desarrollo, una que plantea a El Carrizal como una obra estratégica para enfrentar la crisis energética y económica del país, y otra que alerta sobre impactos ambientales, sociales y culturales que podrían transformar de manera permanente la vida de las comunidades vinculadas al río.
Una obra para la crisis energética
La hidroeléctrica El Carrizal está proyectada sobre el río Camblaya, en la zona limítrofe entre Tarija y Chuquisaca, cerca del imponente Cañón del Pilaya, considerado uno de los más profundos del mundo.
Sus impulsores sostienen que la obra permitiría diversificar la matriz energética boliviana en momentos en que la producción de gas natural atraviesa una caída sostenida. El proyecto contempla no solamente la generación de electricidad, sino también sistemas de riego para el Chaco tarijeño y la posibilidad de exportar energía.
Las estimaciones técnicas manejadas por los parlamentarios y comités impulsores señalan que El Carrizal podría generar entre el 25% y el 70% de la demanda energética nacional, dependiendo de las etapas de implementación y capacidad instalada.
Además, se habla de ingresos anuales cercanos a los 235 millones de dólares por exportación de energía, junto a una inversión que oscilaría entre 900 y 1.300 millones de dólares.
A ello se suma la promesa de habilitar riego para aproximadamente 90.000 hectáreas, una demanda histórica del Chaco, región golpeada recurrentemente por la sequía.
Para los defensores del proyecto, El Carrizal dejó de ser una aspiración y se convirtió en una necesidad urgente.
La resistencia en el Chaco y Chuquisaca
Sin embargo, el proyecto encuentra una oposición cada vez más organizada. Del lado tarijeño, el rechazo más visible proviene de organizaciones indígenas Weenhayek y del gremio de pescadores del Pilcomayo, cuya economía depende principalmente del sábalo.
La Organización de Capitanías Weenhayek (ORCAWETA) convocó para este jueves 14 de mayo a una reunión en la comunidad San Antonio Tuunteytas, donde autoridades indígenas analizarán posibles acciones frente al avance del proyecto.
La convocatoria, firmada por el capitán grande Francisco Pérez Nasario, reúne a capitanes, capitanas y representantes territoriales preocupados por los efectos que podría provocar la represa sobre la migración de peces.
El temor principal es que la barrera física interrumpa el ciclo reproductivo del sábalo, afectando directamente la pesca artesanal, considerada una de las principales fuentes de subsistencia para las comunidades indígenas del Chaco.
A esta preocupación se suma el recientemente conformado Comité de Defensa del Pilcomayo en Villa Montes, integrado por pescadores, indígenas, ambientalistas y profesionales vinculados al estudio de la cuenca, que cuestiona la falta de estudios actualizados y denuncia que la socialización oficial del proyecto ha sido insuficiente.
En Chuquisaca también existen sectores que expresan preocupación, particularmente en Villa Abecia, donde comunidades y actores cívicos advierten posibles impactos ambientales y sociales derivados de la construcción de la represa.
Los riesgos ambientales
Entre las principales observaciones técnicas aparece la preocupación por la alta sedimentación del río Pilcomayo, considerada una de las más elevadas del mundo, más cuando se advierte actividades mineras en la cabecera de este afluente.
Especialistas advierten que esta condición podría reducir considerablemente la vida útil de la hidroeléctrica y elevar los costos de mantenimiento.
Asimismo, se teme que la modificación del caudal afecte ecosistemas aguas abajo, incluyendo territorios compartidos con Argentina y Paraguay.
Otro de los puntos sensibles es la inundación de tierras productivas y hábitats naturales. El espejo de agua proyectado alcanzaría aproximadamente 30 kilómetros cuadrados.
Los críticos del proyecto consideran que todavía no existe información suficiente sobre las consecuencias reales en biodiversidad, flora, fauna y comunidades asentadas en la zona de influencia.
El Pais