El artículo 20 del proyecto de Ley referido a Rastreo y Vigilancia señala que la Policía, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, deberá monitorear los dispositivos electrónicos de vigilancia activos.
El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos cuestionó el proyecto de Ley de Uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia, presentado por el Ejecutivo, debido a que otorgar el control de este sistema a la policía significa un retroceso y más oportunidad para la corrupción.
El ejecutivo envió el proyecto de ley para la aplicación de dispositivos electrónicos en el sistema de medidas cautelares o detención preventiva sólo para los acusados por delitos de violencia. Se trata de una iniciativa antigua que vuelve a ser retomada.
Llanos destacó que en el preámbulo el proyecto de Ley indica que Régimen Penitenciario no funciona, que la rehabilitación no funciona, que las cárceles no funcionan, por la cantidad de detenidos preventivos, en suma “la justicia tampoco funciona y ante todo eso se plantea una salida para que no haya en exceso personas en las cárceles”.
“El gran problema para mí es que esa instancia de control de las manillas electrónicas está a cargo de la Policía, es decir están dejando de lado a la administración civil, es decir a Régimen Penitenciario, y están apostando por la Policía”, dijo a ANF.
El artículo 20 del proyecto de Ley referido a Rastreo y Vigilancia señala que la Policía, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, deberá monitorear los dispositivos electrónicos de vigilancia activos, llevando un registro sobre la asignación de turnos, consignando el inicio y finalización, y garantizando un control ininterrumpido.
“Entrarán a los domicilios sin autorización y además realizarán cobros para hacer los informes a los juzgados, informes sesgados, a precio de moneda extranjera, no indicarán si han sido utilizados adecuada o inadecuadamente los dispositivos o que reflejen estos informes los comportamientos de los que utilizarán esas manillas, entonces es complicado”, apuntó Llanos.
El especialista preguntó a quién va a responder la Policía por el control de los dispositivos electrónicos de vigilancia, qué abusos se presentarán cuando empiece su uso. Al no haber control social, dijo, lo que ocurrirá es que, como siempre ha pasado, la Policía ocultará en su institución a los infractores y corruptos debido a que “todo va a ser negocio de compra-venta de manillas”.
Calificó el proyecto de Ley como retrógrado debido a que intenta entregar las instancias de administración civil, que se tiene en la Dirección General de Régimen Penitenciario, a los policías, lo que significa un regreso a la época de los gobiernos de generales como René Barrientos o del exministro de Gobierno Arturo Murillo, gestión en la que se puso como director de Régimen Penitenciario a un policía.
“Es decir estamos volviendo al pasado, volviendo a la caverna, cuando la ley es progresiva y no regresiva, entonces eso quiere decir que estamos ante un gobierno de carácter autoritario, de carácter vertical, yo diría incluso fascista, porque con este proyecto de Ley se están rompiendo varias normativas, y para los penitenciaristas es el hecho de que no haya una instancia de control” civil sobre los dispositivos, apuntó.
Llanos remarcó que el control y vigilancia de los dispositivos debería estar a cargo de Régimen Penitenciario o del Consejo de la Judicatura u otra institución, pero que sea siempre civil, debido a que con la Policía “se pierden las grabaciones cuando se cometen delitos, cuando hay accidentes, cuando muere alguien, entonces imagínense lo que sucederá cuando estén a cargo de las manillas electrónicas o tobilleras o implantes subcutáneos”.
/ANF/