Un tiempo después de firmar la sentencia que permitió a Evo Morales repostularse, los extribunos se convirtieron en servidores públicos.
Exmagistrados del TCP que el 28 de noviembre del 2017 dieron vía libre a la reelección de Evo Morales. Correo del sur
El 28 de noviembre de 2017, seis magistrados dictaron la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó a Evo Morales a repostularse de forma indefinida, por un “derecho humano”. Posteriormente, al menos cinco de ellos, pasaron a ser funcionarios. Actualmente, tres trabajan en el Gobierno y uno de ellos tiene más de un millón de bolivianos en bienes.
Los magistrados Macario Lahor Cortez Chávez y Zenón Hugo Bacarreza Morales trabajan actualmente en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM), dependiente del Ministerio de Salud. Mientras que Ruddy José Flores Monterrey figura como funcionario de la Vicepresidencia, según sus declaraciones juradas en la Contraloría General del Estado (CGE).
Los tres, además de Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Mirtha Camacho Quiroga y Neldy Virginia Andrade Martínez dictaron la Sentencia Constitucional 0084 de la reelección de Morales. Sólo el magistrado Efrén Choque se negó a firmar el documento.
Bienes por más de Bs 1 MM
De acuerdo con los datos de la CGE, actualizados al 30 de septiembre de 2021, el exmagistrado Flores trabaja en la Vicepresidencia y tiene bienes por un valor de 1.030.337,82 bolivianos.
Flores no sólo firmó la repostulación indefinida en 2017, sino la tercera candidatura en 2013. En febrero de 2018 fue nombrado director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y un par de meses después, responsable del Consejo Nacional de Refugiados en Bolivia. En mayo de ese mismo año el expresidente Evo Morales lo designó como ministro consejero ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza.
En 2015, Flores chocó su vehículo contra un motociclista que luego perdió la vida, sin embargo el jurista fue liberado para defenderse en libertad.
En los casos de Macario Cortez y Zenón Bacarreza trabajan en AISEM, que depende del Ministerio de Salud, según datos de la CGE actualizados a julio de 2021, en el primero caso, y 17 de febrero en el segundo.
En el caso de Cortez, su primer cargo público fue en 2018, cuando fue designado como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Entonces se informó que era militante inscrito del MAS. Aunque en los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no figura ese dato. Posteriormente, en 2019, fue director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo en la gestión del ministro Milton Gómez. Cortez tiene según la CGE, 30.386,00 bolivianos
Sobre Bacarreza se informó en su momento que sumó nueve denuncias en su contra, por delitos como corrupción y tráfico de influencias. En 2016, un grupo de gremiales de El Alto exigieron su destitución como magistrado; lo acusaron de favorecer a su hermana Gladys Bacarreza para que sea jueza de Sentencia y a su hermano, como subalterno en un juzgado. Bacarreza no tiene bienes según su declaración jurada.
Los otros tres
No existe información en la CGE de los exmagistrados Juan Oswaldo Valencia, Neldy Andrade y Mirtha Camacho Quiroga.
En el caso de Andrade en 2018 fue designada como directora regional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para Potosí y Chuquisaca. Mientras que Camacho Quiroga fue hasta 2020 funcionaria de la Dirección Departamental de Educación de Oruro.
Y sobre Valencia, se conoció en 2019 una denuncia de la entonces diputada Lourdes Millares que lo denunció por postularse como vocal para las salas constitucionales. En 2015, según reportes de la prensa, fue aprehendida luego de negarse a declarar en un juicio instaurado en su contra. En 2019, según El Deber, Valencia fue vinculado al narcotraficante Pedro Montenegro.
Página Siete