El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, responsabilizó a la «derecha» y a «grandes contrabandistas» de generar desinformación para oponerse al proyecto de ley 280, contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está paralizado en su tratamiento en la Asamblea.
«Hay acciones de personeros de la derecha dentro del país y de grupos afines a los grandes contrabandistas que haciéndose pasar por dirigentes de los gremiales están vertiendo una serie de mentiras como lo han hecho en el pasado» lamentó el funcionario gubernamental en rueda de prensa.
En concreto se refirió al dirigente gremial de El Alto, Antonio Siñani, a quien acusó de divulgar datos falsos acerca del proyecto de ley cuestionado porque pretendería afectar al sector gremial y otros de la economía informal.
Montenegro explicó que el proyecto de ley 280 fue paralizado en la Asamblea Legislativa hasta que el documento sea compartido con los sectores que podrían resultar afectados y aclaró que el proyecto normativo no establece nuevos delitos tributarios.
«Se han vertido una serie de mentiras (sobre el proyecto de ley 280) que dicen que afectará a los gremiales, carpinteros, trabajadores por cuenta propia, diciendo que en el proyecto de ley 280 existe una delimitación de nuevos delitos tributarios y eso es falso porque todo elemento relacionado a la normativa tributaria tiene que tratarse en leyes estrictamente tributarias, entonces el proyecto de la ley 280 no tiene ninguna delimitación de un nuevo delito tributario», aclaró.
Montenegro recomendó al dirigente que se haga asesorar mejor y no desinforme con mentiras para confundir a los trabajadores gremiales y otros sectores de la clase trabajadora. «Le decimos a este dirigente de la derecha que se haga asesorar mejor, que no pase a dar afirmaciones, un rosario de mentiras, para confundir a los compañeros gremiales y compañeros de otros oficios», afirmó.
El proyecto de ley 280 fue paralizado en su tratamiento a pedido del ministerio de Justicia después de amenazas de movilización de sectores sociales; sin embargo, ahora se busca la anulación del documento porque pretendería castigar a los sectores que trabajan en la informalidad.
Según Montenegro, desde la pasada semana se están desarrollando talleres de socialización de la norma en ciudades como Sucre, El Alto y Oruro.
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