Su aprehensión no procedió debido al pedido de asilo político de López, que se encuentra en trámite en Paraguay
«Sobre la supuesta aprehensión del señor Fernando López y ante las múltiples versiones que están circulando en medios de prensa, después de hacer las consultas correspondientes con autoridades en #Paraguay, desmentimos que se encuentra aprehendido. Toda información será publicada oportunamente», publicó el ministro Eduardo Del Castillo en sus redes sociales.
La tarde de este miércoles, el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, confirmó ante medios en la capital cruceña acerca de la detención de López Julio y que su extradición a Bolivia estaría en marcha, esto con base en un reporte remitido desde Paraguay por Interpol fechado 23 de febrero.
La copia de ese documento fue compartido a los medios de comunicación; pero minutos después el ministro de Gobierno desmintió tal situación.
Por su lado, familiares del exministro López confirmaron a EL DEBER que López se encuentra en libertad. Asimismo, otras personas allegadas al exministro de Defensa, manifestaron a EL DEBER que él se encuentra en libertad en territorio guaraní, a la espera de la respuesta de su solicitud de asilo.
El diputado del MAS del ala ‘evista’ Gualberto Arispe cuestionó al Gobierno por no informar acerca del reporte de Interpol del Paraguay.
“¿Por qué se calla el ministro de Gobierno?, ¿por qué las instancias que están velando estos temas no dicen nada? La hipótesis que se tiene es que están negociando su libertad en Paraguay. Esa es nuestra preocupación”, expresó el parlamentario mostrando el reporte policial.
No descartó que, en el plazo de 10 días, como corresponde a ley, envíe una petición de informe para que las autoridades competentes respondan por este caso.
Luis Fernando López, que fue ministro de Defensa en la gestión de Jeanine Áñez, tiene diferentes procesos abiertos en el país, iniciados en la gestión de Luis Arce, entre ellos los referidos al caso Golpe I, a los casos Senkata y Sacaba del 2019 y al de supuesta corrupción en la adquisición de respiradores.
El Deber