En 2 casos recientes, los reporteros fueron convocados por jueces y fiscales que les exigen que revelen el secreto de fuente. Dicen que es una muestra que el Estado viola la CPE, la Ley de Imprenta y tratados internacionales
Los periodistas de Bolivia reciben el 10 de mayo contra la pared, porque están amedrentados por el poder eventual que ostentan funcionarios de Estado. Es el caso de Marcelino Rodríguez, reportero de Yapacaní, Santa Cruz, y de Germán Antonio Vidaurre, director de radio Fides Potosí.
En ambos casos, el Ministerio Público y el sistema judicial, a través de requerimiento fiscal y mandamientos de comparendo, exigen a los periodistas que revelen el secreto de fuente, sin tomar en cuenta que están amparados en la Ley de Imprenta.
“Cada año hay más periodistas amedrentados, golpeados, perseguidos, denunciados y eso va en contra del ejercicio de la democracia y del trabajo periodístico. El Gobierno debe garantizar el respeto al periodismo, a cada uno de los trabajadores de la prensa del país”, reclamó Rodríguez al hablar con Página Siete.
Hoy, 10 de mayo, se conmemora el Día del Periodista en Bolivia. La fecha fue instituida mediante ley el 16 de noviembre de 1938 en el gobierno de Germán Busch, norma que reivindica los derechos laborales y sociales de los trabajadores de la prensa. No obstante, en los últimos años “hacer periodismo en Bolivia constituye una actividad de alto riesgo”, tal como reflejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Y para muestra están los dos últimos casos de periodistas amedrentados por servidores públicos, los cuales incluso exigen al sistema judicial su detención.
Tal es el caso en contra del periodista potosino Germán Vidaurre, que enfrenta una arremetida judicial del gobernador de Potosí, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez. Él pidió a la justicia que aprehenda a Vidaurre porque el comunicador no se presentó a declarar como testigo en el proceso que sigue el funcionario departamental contra el asambleísta Jaime Flores.
El juez del Juzgado de Sentencia Penal número tres de Potosí, Johnny Germán Buhezo Choque, emitió dos mandamientos de comparendo para que Vidaurre, director de Radio Fides Potosí, “se presente en este Juzgado de Sentencia Penal N° 3”. El primer comparendo fue para el 26 de abril, ante lo cual, mediante un memorial, el periodista Vidaurre se excusó de asistir a declarar argumentando que si lo hacía, violaba el secreto de fuente instaurado en el artículo 8 de la Ley de Imprenta, que sigue vigente en Bolivia.
Sin embargo, el juez Buhezo no consideró esos argumentos legales, por lo que presentó un segundo mandamiento de comparendo para el 5 de mayo, ante lo cual las organizaciones gremiales exigieron al Tribunal Departamental de Justicia que respete la Ley de Imprenta.
Caso Yapacaní
Un caso similar enfrenta el periodista Rodríguez, de Radio Omega de Yapacaní, quien también fue citado a declarar mediante un “requerimiento fiscal”. Se le exige que “proceda a informar el nombre completo y cédula de identidad de la persona que fue entrevistada en fecha 28 de abril de 2023”, como se lee en parte del citatorio del fiscal de materia Osvaldo Vinicius Castillo Rivero de la Fiscalía cruceña, adscrito a la Fiscalía especializada en delitos por narcotráfico.
Ante esto, Rodríguez, mediante su abogada, presentó un memorial en el que acredita su condición de periodista y que ese requerimiento “constituye un amedrentamiento y hostigamiento al ejercicio libre” de su profesión. También indicó que se pretende hacerle “incurrir en la violación al secreto de fuente” que “en materia de imprenta es inviolable”.
El periodista también denuncia que fue víctima de amedrentamiento por presuntos policías encapuchados que fueron a pegar la orden en la puerta del medio donde trabaja. Le exigieron que reciba el memorial y se negaron a identificarse.
“Cada año hay más periodistas amedrentados, golpeados, perseguidos y eso va en contra del ejercicio de la democracia”.
Marcelino Rodríguez
Página Siete