Pasaron 11 años, 8 meses y 22 días desde que fue encontrado el cuerpo de la concejala, Juana Quispe, en el río Orkojahuira, en la zona oeste de La Paz, asesinada por sus propios colegas ediles del municipio de Ancoraimes. Este jueves un tribunal de primera instancia sentenció a sus asesinos a 30 años sin derechos a indulto. Así, el exalcalde el Félix Huanca y el también exconcejal Pastor Cutile, recibieron esa pena por ser los autores del crimen.
Basilia Ramos, ex secretaria del Concejo, recibió 15 años de privación de libertad y Exalta Arismendi, quien recibió dinero para seguir a la víctima hasta el día del crimen y lo encubrió, recibió dos años de pena.
“Las hermanas (de la víctima) están muy emocionadas con la sentencia y con los resultados, porque son 12 años de esfuerzo, 12 años de haber combatido con el poder que tenían los acusados y sus contactos políticos”, afirmó la abogada de la familia, Valquiria Lira.
Huanca, Cutile y Ramos accedieron al municipio de la mano del MAS, mientras que la concejala fue electa por la agrupación ciudadana Tupac Katari en abril de 2010, por el municipio de Ancoraimes, ubicado a 130 kilómetros de La Paz.
Durante dos años, Juana Quispe fue hostigada por los tres responsables de su muerte, quienes buscaban su renuncia para entregar su curul a su suplente varón, esta recurrió a la Justicia para hacer valer sus derechos políticos y ganó los cuatro recursos que presentó, pero el alcalde que tenía apoyo del MAS se resistió a acatar los fallos judiciales.
El 12 de marzo de 2012 el cuerpo de la concejala fue hallado con signos de violencia en un río de la hoyada paceña. Desde entonces se inició el suplicio de la familia que buscó justicia y se desnudó el problema del acoso político en los municipios rurales contra las mujeres.
La abogada Lira describió que la defensa y la fiscalía una y otra vez presentaban el caso y volvían a fojas cero por una mala elaboración de la acusación. Fue tan obvia la manipulación de todas las pruebas que incluso la fiscalía calificó la muerte como asalto. Félix Huanca, luego de ser aprehendido por este hecho fue liberado y asumió de nuevo su cargo de alcalde. El hijo de la concejala que en ese entonces tenía 10 años pudo ver a los asesinos de su madre, presos y condenados.
Félix Huanca y Pastor Cutile, estarán recluidos en San Pedro; mientas que Basilia Ramos, fue derivada al penal de Obrajes y la tercera Exalta Arismendi, pidió el “perdón judicial” por ser una pena menor y no irá a la cárcel, pese a la gravedad del delito.
¿Qué ocurrió el 12 de marzo de 2012?
Aquel 12 de marzo de 2012, el alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, la concejala Juana Quispe y los demás ediles asistieron a una marcha en apoyo a dos periodistas asesinados en El Alto y participaron de los actos del Día del Acullicu. Sus rivales “le invitan a almorzar, está con ellos hasta las 5 de la tarde y a esa hora contesta por última vez su teléfono. Al día siguiente su cuerpo aparece en el río Orkojahuira”, relata la abogada Lira.
Los acusados y ahora enjuiciados son Felix Huanca, exalcalde de Ancoraimes; Pastor Cutile, expresidente del Concejo; Basilia Ramos, secretaria del Concejo; y Exalta Arismendi, que era allegada de Juana Quispe, pero que luego se supo que era conocida de los acusados y que habría actuado como intermediaria.
“Un día después de la muerte, era la audiencia conclusiva de Pastor Cutile y Basilia Ramos, es decir que el beneficio del asesinato lo disfrutaron directamente Pastor Cutile, Basilia Ramos y Félix Huanca, porque estando ella sin vida ya no iban a seguir los procesos y tampoco iba a haber fiscalización”, sostiene la jurista Lira.
Desde la muerte de Juana Quispe se ha iniciado un tortuoso camino en busca de justicia, que ha tropezado principalmente por la Fiscalía, según relatan Lira, Tapia y Villanueva.
“Lamentablemente, en este proceso es la Fiscalía la que ha perjudicado el curso del proceso y no así el Órgano Judicial, con negativas, con imposibilidades. Hubo rechazos de la denuncia. Tuvimos que apelar, se revocaron esos rechazos. Luego hubo sobreseimientos, tuvimos que apelar hasta lograr que existan las acusaciones”, comenta Lira sobre los los 11 años de litigio.
Villanueva grafica la situación diciendo: “en vez de estar persiguiendo a los asesinos, teníamos que pelear con los fiscales que estaban asignados”.
En medio de proceso, el caso fue llevado a la CIDH y no faltaron interpelaciones al fiscal general, porque además de activistas, se unieron a la causa varias parlamentarias del oficialismo y de la oposición, para que el asesinato de Juana Quispe no quedara en la impunidad.