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“Ninguna ley autoriza libremente la quema”: Gobierno se resiste a hablar de abrogación de “leyes incendiarias”

El año pasado, el país registró una pérdida de 3.5 millones de hectáreas por los incendios; este año, el daño alcanza a los 4 millones de hectáreas.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, evitó hablar de una eventual abrogación de las “leyes incendiarias” y aseguró que ninguna de esas normas en cuestión autoriza la quema libre, al contrario, dijo que permite y regula el fuego.

“Las leyes que están vigentes, ninguna autoriza libremente o le dice al productor que vaya y queme, regula la práctica cultural que es el chaqueo y el tema de la quema. Lamentablemente, no se ha hecho el control y la sanción por el incumplimiento de la ley es de 2 a 4 años, en la actualidad, si no se aprueba la ley (que estamos presentando)”, respondió Flores cuando fue cuestionado por el pedido de abrogar las “leyes incendiarias”.

Durante los últimos días, activistas y la sociedad civil se movilizaron por las noches para exigir al Gobierno la abrogación de las leyes incendiarias, entre las que están: Ley 337 (2013), de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques; Ley 502 (2014), de ampliación del plazo y modificación a la Ley N° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques; Ley 741 (2015), refiere a la autorización del desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividad agrícola y ganadera; Ley 1098 (2017), de agrocombustible Etanol y biodiésel; Ley 1171 (2019), autoriza quemas para actividades agropecuarias.

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Dentro del paquete de normas “incendiarias” también están el Decreto Supremo 3973 (2019), autoriza el desmonte en Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias; el Decreto Supremo 26075 (2001) Modificada (2019), que refiere a la ampliación de fronteras de producción del sector ganadero y agroindustrial sobre áreas de bosque; el Decreto Supremo 4232 (2020), que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

El año pasado, el país registró una pérdida de 3.5 millones de hectáreas por los incendios; este año, el daño alcanza a los 4 millones de hectáreas.

El ministro de Desarrollo Rural defendió las “leyes incendiarias” y dijo que el problema está en la sanción baja que se aplica por el descontrol del fuego. Ante ello, resaltó que están presentando un proyecto de ley para incrementar la pena por incendios de 4 a 12 años de cárcel.

“Hay leyes que regulan la quema, la práctica cultural de quema, hay leyes de que deben hacerse prácticas culturales adecuadas, el tema del clima, la temperatura, regula el tema de la quema. Eso autoriza a que se hagan las quemas con control. Lamentablemente, esas leyes no se aplican como debe ser por falta de capacidad, quizá en los productores o por descuido de los productores, a eso se le llama leyes incendiarias, pero en ninguna de estas leyes tienen este tipo de sanción penal como la que estamos mandando (en el proyecto de ley)”, resaltó Flores.

Anoche, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, también evito hablar de derogar las “leyes incendiarias”, sólo se limitó a decir que se evaluaría esa posibilidad y resaltó la pausa ambiental que ayer se declaró de forma indefinida.

“Lo vamos a evaluar, lo estamos evaluando y lo hemos evaluado permanentemente. Pero hemos tomado una medida drástica y esta medida drástica es la pausa ambiental ecológica. En esta pausa ecológica se prohíbe totalmente los chaqueos mediante fuego”, dijo Novillo en Red Uno al ser consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo abrogue las normas cuestionadas.

ANF

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