Un reporte elaborado a partir de la atención a 320 casos de violencia digital en 2025, muestra un crecimiento de los ataques en entornos digitales y la necesidad de políticas enfocadas en quienes ejercen las agresiones
Referencial
La violencia digital en Bolivia está en ascenso y revela un patrón: aunque afecta mayoritariamente a mujeres, también se reproduce en un entorno donde el anonimato, la impunidad y la normalización social permiten que los agresores actúen con relativa facilidad. Frente a este escenario, especialistas plantean un cambio de enfoque urgente: dejar de centrar la atención únicamente en las víctimas y comenzar a analizar a quienes ejercen la agresión.
Un reciente informe del Centro S.O.S. Digital documenta unos 320 casos de violencia digital atendidos durante 2025. Sin embargo, la cifra no refleja la magnitud total del problema, ya que responde únicamente a los casos que lograron acceder a servicios de apoyo, lo que evidencia limitaciones institucionales para abordar esta problemática.
De acuerdo con el reporte, el 71,6% de las víctimas son mujeres, lo que confirma que este tipo de agresión tiene un componente de género. Entre las formas más frecuentes se encuentran la violencia sexual digital, acoso en línea, difusión no consentida de contenido íntimo y campañas de desprestigio.
Estos ataques no solo vulneran la privacidad, sino que también tienen consecuencias emocionales. El informe señala que una parte significativa de la atención corresponde a contención psicológica, lo que evidencia el impacto en la salud mental, con miedo, ansiedad y sensación de indefensión.
Otro de los aspectos del análisis es la caracterización de los agresores. Aunque en 21,6% de casos se trata de parejas o exparejas, es mayor la cantidad de ataques provenientes de desconocidos que llega al 54,5%. Esto amplía el alcance del problema y lo traslada del ámbito privado al espacio público digital.
Este fenómeno se ve facilitado por varios factores, entre ellos la posibilidad de actuar bajo identidades falsas, la baja probabilidad de sanción efectiva y la limitada capacidad de respuesta tanto de las plataformas digitales como del sistema de justicia. A esto se suma una cultura que, en muchos casos, minimiza o normaliza la violencia en entornos virtuales.
Frente a este panorama, el estudio plantea la necesidad de cambiar la mirada. Tradicionalmente, las estrategias de prevención se han enfocado en enseñar a las víctimas cómo protegerse, restringiendo su presencia en redes o aplicando medidas de seguridad. Sin embargo, esta lógica resulta insuficiente si no se cuestionan las conductas de quienes ejercen la violencia.
La propuesta de “poner la mirada en los agresores” implica comprender las motivaciones detrás de estas conductas, así como las condiciones sociales que las permiten. También supone generar mecanismos de responsabilidad colectiva, en los que usuarios, instituciones y empresas tecnológicas asuman un rol activo en la prevención y sanción de estos hechos.
Entre las recomendaciones se encuentran el fortalecimiento de la educación digital con enfoque de género, el desarrollo de políticas públicas específicas, la mejora en la respuesta institucional y la implementación de servicios integrales que combinen apoyo legal,psicológico y técnico.
En un contexto donde la vida cotidiana está cada vez más atravesada por el entorno digital, la violencia en línea deja de ser un problema aislado para convertirse en un desafío colectivo. El llamado de los expertos es claro: se requiere un abordaje integral que incluya a los agresores y ponga de relieve que los usuarios de internet no permanezcan indiferentes ante situaciones de violencia.
Violencia digital aumenta durante elecciones
Un estudio presentado por la Coordinadora de la Mujer refleja una oleada de violencia política, particularmente en entornos digitales, contra pre candidatas y candidatas que participan en las elecciones subnacionales de este 22 de marzo.
Los resultados son producto de un análisis al contenido que circuló en Facebook, Instagram, X (previamente Twitter) y Tiktok entre el 30 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026. El reporte da cuenta de 665 ataques contra 17 mujeres políticas. Un 70% de ellas postulan a cargos ejecutivos, las restantes a legislativos.
El Pais
