La principal observación de los asambleístas es que los terrenos siguen registrados a nombre de terceros (familia Portillo), además que en el lugar no hay servicios básicos ni vías de acceso
La Terminal de Buses de Yacuiba
La Terminal de Buses de la ciudad de Yacuiba, una obra que costó 53 millones de bolivianos, sigue sin funcionar, debido a que los terrenos no están saneados, no hay vías de acceso y tampoco servicios básicos.
Así lo constató la Asamblea Regional del Chaco en una inspección que realizó el lunes 2 de marzo, junto a instituciones como el Comité Cívico de Yacuiba, la Federación de Juntas Vecinales, Control Social, trabajadores de la Terminal de Buses, empresas de buses que operan en ese municipio y representantes del Gobierno Municipal, además de representantes de la empresa constructora y de la supervisión. La fiscalización se hizo sin participación de funcionarios del Gobierno Regional del Chaco, debido a que se retiraron antes de que inicie el recorrido.
El proyecto, ubicado en San Isidro, tuvo una inversión de 53.009.078,32 bolivianos y cuenta con acta de recepción definitiva del 16 de octubre de 2025. Sin embargo, no entró en funcionamiento por problemas de derecho propietario, accesos y condiciones operativas. Según el informe técnico del fiscal de obra, la misma tiene una ejecución física del 100% y financiera del 89,64%. Fue ejecutada por la Asociación Accidental Alfa, con orden de proceder del 26 de junio de 2019, y fue financiada en un 50% por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el restante 50% por el Gobierno Regional del Chaco. Aunque tenía un plazo inicial de 630 días, hasta la recepción definitiva transcurrieron 2.304 días, con un incremento de 1.674 días.
La principal observación es que el predio sigue registrado a nombre de terceros (familia Portillo) y no se acreditó la regularización plena del derecho propietario a favor del Gobierno Regional, en cumplimiento al convenio intergubernativo. Las organizaciones sociales y beneficiarios remarcaron que el Órgano Ejecutivo no puede evadir su responsabilidad institucional.
En la fiscalización se identificaron observaciones administrativas y documentales, como falta de trazabilidad documental, ausencia de planos as-built y del certificado de cumplimiento de contrato, entre otras. En el recorrido se pudo verificar un deterioro por falta de mantenimiento de la obra, como falta de limpieza general, abrazaderas sueltas en algunas bajantes, manchas de pintura en paredes, pisos y vidrios, baños sin funcionamiento, cables no instalados en varios sectores, luminarias sin uso y servicios básicos aún no instalados ni en funcionamiento, así como rajaduras en rampas en aceras del patio de maniobras, entre otras.
El Gobierno Municipal ratificó que no puede intervenir plenamente por tratarse de propiedad privada no regularizada y anunció una nueva notificación al propietario, mientras los sectores presentes advirtieron el riesgo de que la obra se convierta en un “elefante blanco”.
El País