Giovanna Tipán Barrera, una de las autoras del documento y la investigación, indicó que el informe proyecta recomendaciones y propuestas para crear e implementar políticas públicas sobre la migración ambiental
Dos años duró la investigación denominada “Migraciones ambientales en el Gran Chaco Americano”, un trabajo financiado por la Unión Europea e implementado por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD), que fue impulsado por once autoridades del Chaco y organizaciones de la sociedad civil.
La investigación ha evidenciado movimiento de familias asociadas al aumento de la temperatura, la sequía y la falta de agua. La migración no solo ha sido a nivel interno, es decir de una comunidad o ciudad a otra, si no también migraciones internacionales.
Investigación Durante la investigación se ha entrevistado a más de 210 personas de más de 12 pueblos diferentes
Se trata del primer diagnóstico en el que se ha implementado varias herramientas de investigación, como las encuestas de pre-diagnóstico, investigación documental, entrevistas virtuales semiestructuradas, trabajo de campo y sistematización de la información. Durante la investigación se ha entrevistado a más de 210 personas de más de 12 pueblos diferentes, recorriendo más de 6.000 kilómetros en dos misiones. Se ha entrevistado a representantes de las comunidades Aymara, Chorote, Enhlet Norte, Guaraní, Manjui, Nivaklé, Pilagá, Quechua, Tapiete, Toba, Weenhayek y Wichi.
Algunos resultados
La investigación refleja la preocupación de las autoridades locales por los crecientes desastres ambientales y condiciones de sequía, eventos que han generado desplazamientos forzados de personas, sobre todo, jóvenes.
“Por la sequía hemos tenido que emigrar. No hay producción dentro de la zona, entonces no tenemos alimentos qué comprar, y tampoco hay trabajo aquí, entonces, ¿qué hace la familia?, emigra”, comenta uno de los entrevistados.
Giovanna Tipán Barrera, una de las autoras del documento y la investigación, consideró que el proyecto no sólo aporta a la problemática de migraciones ambientales a través de un diagnóstico sobre la temática, sino que proyecta recomendaciones y propuestas desde lo público, a través de un documento de lineamientos, para crear e implementar políticas públicas sobre migraciones ambientales.
“Las autoridades, a pesar de ser actores protagónicos en el diseño de políticas públicas, expresan que las escasas oportunidades laborales que se ofrece a nivel local constituyen otro de los factores que expulsan a la población”, indica parte del documento, a tiempo de advertir que los procesos migratorios han desencadenado problemáticas sociales difíciles de contener desde los gobiernos locales, que cuentan con presupuestos limitados.
Políticas públicas
Estas políticas públicas deben responder a los desafíos ambientales, el aumento de la temperatura, la sequía, la escasez de agua y el viento del norte, las inundaciones, el desmonte y los incendios, y los impactos negativos de la construcción de infraestructuras y otros proyectos de desarrollo, detectados en la investigación.
Las conclusiones apuntan a la urgencia de diseñar políticas públicas de migraciones ambientales debido a los desafíos que enfrentas las comunidades en relación al cambio climático y los desastres ambientales. “Su diseño permitirá abordar de manera efectiva las necesidades de los migrantes ambientales, proteger sus derechos y brindar asistencia”, recalcar parte de la investigación.
Migraciones estacionales, colectivas e individuales
La investigación realizada estima que existen movimientos de poblaciones relacionadas, directa e indirectamente, con la crisis climática.
“El caso de la comunidad Nueva Esperanza es un ejemplo concreto de cómo estos factores interactúan e inducen movimientos de población que van desde movilidades internas temporales o estacionales, de carácter individual, pero también colectivo, hacia zonas urbanas y también intrarregionales e internacionales”, señala el documento.
El País