La senadora Rosalva Romero informó que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida al Ministro de la Presidencia con el objetivo de que el Gobierno nacional explique con precisión los alcances técnicos, legales y financieros de la propuesta conocida como el “50/50”, que actualmente comienza a instalarse en el debate político nacional.
La legisladora señaló que, pese a que distintos actores políticos mencionan esta propuesta de redistribución de recursos, aún no existe claridad oficial sobre qué ingresos del Estado estarían involucrados ni cómo se aplicaría este esquema.
“Hoy se habla mucho del 50/50, pero todavía no se conoce con certeza qué implica realmente. Por eso hemos presentado esta Petición de Informe Escrito para que el Gobierno explique cuál es la base técnica, financiera y normativa de esta propuesta”, manifestó.
El requerimiento busca conocer si este esquema se aplicaría sobre el total de ingresos del Estado, el Tesoro General de la Nación, la coparticipación tributaria, regalías hidrocarburíferas, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos u otras fuentes de ingresos públicos.
La senadora explicó que contar con esta información es fundamental, ya que cualquier cambio en la estructura de distribución de recursos puede tener impacto directo en las entidades territoriales autónomas y en el modelo autonómico del país.
Observación a proyecto legislativo
En paralelo al debate que comienza a generarse en el Senado sobre el denominado 50/50, Romero también realizó observaciones al Proyecto de Ley de Equilibrio Territorial del Gasto Público, Descentralización Funcional y Fortalecimiento Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por el senador Branko Marinkovic.
La propuesta plantea un esquema de ejecución territorial del gasto público en el que el 50% de los recursos se mantendría en el nivel central del Estado y el otro 50% se destinaría a ejecución territorial, distribuido entre gobiernos departamentales, gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas y universidades públicas.
Sin embargo, la senadora advirtió que el proyecto no contempla de manera expresa a las autonomías regionales dentro del régimen de distribución territorial de los recursos, pese a que estas forman parte de la organización territorial reconocida por la Constitución.
Por esta razón, Romero envió una nota formal al proyectista solicitando la inclusión expresa de las autonomías regionales dentro del esquema de distribución territorial del ingreso público y de los mecanismos de ejecución territorial del gasto, recordando que las regiones forman parte del régimen autonómico boliviano.
“Las autonomías regionales, como el caso de la Región Autónoma del Gran Chaco, forman parte del modelo autonómico del país y deben ser consideradas cuando se discuten mecanismos de descentralización económica y ejecución territorial del gasto público”, señaló.
Debate que recién comienza
La legisladora indicó además que actualmente distintos senadores están comenzando a plantear sus propias interpretaciones sobre lo que podría significar el 50/50, por lo que considera fundamental que el debate se sustente primero en información oficial.
“Antes de debatir porcentajes o modelos de redistribución, necesitamos claridad institucional sobre qué implica realmente el 50/50 para el país”, concluyó.