La oposición teme que se aplique un “decretazo” porque no dan los tiempos. El TSE había pedido 120 días.
El Senado aprobó este jueves la ley corta o transitoria que otorga 60 días a la ALP para la preselección de los postulantes y 100 días al TSE para organizar las elecciones judiciales. Desde la oposición temen que el oficialismo alista un decretazo para designar a los nuevos tribunos o ratificar a los actuales.
“Nosotros como Asamblea tenemos un plazo de 60 días para realizar el proceso de preselección y se dan 100 días para el Tribunal Supremo Electoral para autorizar y adecuar sus actividades con estos plazos, se garantiza y se da certezas a los postulantes y al público que exige las elecciones”, confirmó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez.
La Cámara Alta había recibido, la pasada semana, el proyecto aprobado en Diputados y este jueves reanudó la sesión para tratar el mismo con dispensación de trámite, algo que fue criticado desde la oposición.
El martes 30 de mayo, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró que las elecciones judiciales se pueden organizar en un plazo de 120 días, pero indicó que ese proceso debe comenzar como máximo en julio, ya que después de ese mes sería “complicado”. Resta por saber qué dirá ahora el Órgano Electoral.
Para la sesión de este martes, la agenda fue comunicada minutos antes y “solo nos entregaron cuatro hojitas”, del proyecto aprobado en Diputados, denunció el senador de Creemos, Henry Montero.
“Ya debe estar redactado el decreto por el Presidente (Luis Arce) para ampliar o dar interinato a las autoridades”, senador Henry Montero, de Creemos.
La norma
El Senado sancionó así el PL 363/2022-2023 denominado “Ley Transitoria para garantizar el proceso de Preselección y Elección para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 2023”, y lo remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación por el presidente Luis Arce.
El artículo 4 de la normativa sancionada indica que la ALP garantizará que del total de personas preseleccionadas para las judiciales, el 50% sean mujeres y se incluya candidatas y candidatos con autoidentificación indígena originaria campesina, según un boletín del Senado.
Al respecto, el senador Montero preguntó: “¿Qué pasa si las mujeres tienen mayores las mayores notas? ¿Cómo va a garantizar esa equidad cuando se tiene una sola manera de calificar? Por eso nosotros hemos rechazado este proyecto”, aseguró. No se difundió el proyecto de ley corta.
Por otro lado, el documento señala que la ALP elaborará, a través de la Comisión Mixta, el reglamento de preselección de candidatos y candidatas para las judiciales.
Este 3 de junio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberá emitir una sentencia al recurso abstracto presentado el 28 de abril y que paralizó por segunda vez el proceso de registro de postulantes.
Aún esperan sentencia del TCP
El senador masista Luis Adolfo Flores cuestionó que las elecciones judiciales dependan ahora del Órgano Judicial.
“Por primera vez en la historia una elección de autoridades judiciales no depende de los políticos, depende en este caso del Tribunal Constitucional”, enfatizó Flores para que el Senado “cumplió con la obligación que tenemos aprobar esta ley”, aunque admitió que todavía se debe esperar la decisión del TCP.
Oposición teme un decretazo
El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz alertó que es muy probable que el TCP rechace esta nueva norma y que al final se elijan por “decretazo” a los nuevos tribunos.
“(Los del TCP) Pueden pedir la modificación (de la nueva norma aprobada en la ALP) porque hasta los tiempos no están acordes para que el TSE pueda desarrollar las elecciones”, aseveró el senador.
Paz dijo además que cuando los preseleccionados tengan que ser elegidos en el Pleno de la Asamblea “no van a existir los dos tercios y esa es la lógica que tiene el Gobierno (esperar) para inviabilizar y después imponer, ya sea que se mantengan los actuales magistrados o mediante decreto designarlos (a otros)”, precisó.
El senador de Creemos, Henry Montero, teme también que se configure un escenario donde el Ejecutivo elija por decreto a los magistrados. “Lo manifesté en plenario, ya debe estar redactado el decreto por el Presidente (Luis Arce) para ampliar o dar interinato a las autoridades, porque el Gobierno ha trabajado en dilatar este tema y que los tiempos no den”, insistió.
Página Siete