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Sentencian a sujeto que violó a su hija menor de edad en Tarija

Las autoridades jurisdiccionales también dispusieron que el sindicado debe cumplir con el pago de una pensión para la víctima y sus hermanos de Bs. 1.000

Un sujeto fue sentenciado a cumplir una pena de 21 años de privación de libertad en la cárcel de Morros Blancos, esto luego de demostrarse su culpabilidad en el delito de violación agravada siendo la víctima su propia hija, menor de edad. Además de la condena, se determinó que el sindicado igualmente debe pagar mensualmente una asistencia familiar para la víctima y sus hermanos.

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La información fue ampliada por la jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Cercado, Carolina Ortiz, quien señaló que esta sentencia se obtuvo luego de un juicio oral de cuatro días.

En cuanto a los antecedentes de este hecho, la funcionaria indicó que se trató de una agresión recurrente ocurrida entre el 2019 y el 2020, cuando el ahora sentenciado sacó provecho de que formaba parte del entorno inmediato de la menor. Sin embargo, evitó dar mayores detalles en resguardo de la identidad de la víctima.

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Además de la sentencia de privación de libertad, las autoridades del tribunal asignado a la causa determinaron que el sindicado debe cumplir con el pago de la asistencia familiar por un monto de Bs. 1.000, tanto para la víctima como para sus hermanos.

“El tribunal ha determinado también la imposición de la asistencia familiar para la víctima y sus hermanitos, con el fin de que se cumpla con sus derechos, ya que el hecho de que esté privado de libertad no limita su situación para cumplir obligaciones. Sabemos que muchos realizan actividad laboral dentro del penal”, declaró.

La autoridad aclaró que esta disposición se emitió de acuerdo a los lineamientos establecidos dentro del Código de Familia, donde se establece que en caso de que el sindicado no pueda cumplir con esta responsabilidad, deben hacerlo sus familiares inmediatos que tengan recursos económicos para solventar esta obligación.

Por otra parte, Ortiz mencionó que se debe hacer seguimiento a que se pueda ejecutoriar la sentencia y que el sindicado no acuda a recursos para apelar el dictamen e intentar evitar su condena.

Finalmente, Ortiz también hizo referencia a que en este caso y la mayoría de los que se atendieron con denuncias recientes, sí existió una priorización por parte de las autoridades jurisdiccionales para poder sancionar a los agresores sexuales de menores de edad.

“Vemos que se está dando la celeridad correspondiente, sobre todo en el señalamiento de la audiencia. Entendemos que en todas las instituciones existe una recarga laboral, pero es importante dar respuesta a las víctimas de este tipo de delitos”, concluyó.

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