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Por corrupción y chicanerías, justicia da libertad a feminicidas y violadores

Según datos del Ministerio de Justicia, sólo el 1% de los casos de violencia llegan a una sentencia. Identificaron a la retardación de la justicia como la causante de la impunidad. Hay observaciones de la ONU.

Por corrupción y chicanerías, justicia da libertad a feminicidas y violadores
Activistas y familiares de las víctimas de violencia sexual y feminicidio marcharon el 25 de noviembre pidiendo justicia. Fotos: Carlos Sánchez / Página Siete.

NACIONALES: 6 de diciembre de 2021

Por corrupción y  chicanerías, violadores y feminicidas son puestos en libertad. Con ello, la impunidad sube al igual que el riego de las víctimas de ser nuevamente agredidas. Solo la semana pasada tres de estos casos indignaron al país, pero en realidad son muchos más.

“No tenemos un conteo actualizado de casos, pero sí los hay. Estos favorecimientos generan impunidad; con el agresor en libertad, la víctima puede sufrir una  venganza y  persecución  para que desista de la denuncia. Entre las causas está la  corrupción y las famosas chicanerías, hemos identificado a jueces y abogados reincidentes en estos favorecimientos”, manifestó Eulogia Tapia, activista y miembro del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.

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De acuerdo a datos de la Dirección  de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Ministerio de Justicia, sólo el 1% de los casos de violencia  llegan a una sentencia. Según la directora de dicha  instancia, Claudia Peña, esto se debe a  la retardación de  justicia. El dato  fue obtenido en  un estudio realizado por el Ministerio de Justicia con base en cifras  oficiales  de la Fiscalía General del Estado.

“Apenas el 1% de los casos llegan a una sentencia. Tenemos un órgano de justicia  abarrotado de casos que no están siendo  atendidos. El hecho es preocupante,  la impunidad da el mensaje a los agresores de que la violencia hacia las mujeres no será castigada”, afirmó Peña.

Los feminicidios en el país ya pasaron el centenar este año.

Violadores en las calles

“Era mi corteja”. Ese fue el argumento con el que Jarin  Ereny, un  chofer de micro que ultrajaba sexualmente a una niña de 12 años en la zona del Plan Tres Mil consiguió ser  liberado con medidas sustitutivas en octubre pasado.

Pese a que  fue imputado por el delito de violación agravada a niña-niño y adolescente y pornografía, tras argumentar que mejoró su situación jurídica y que no ejerció violencia porque la niña de 12 años era su corteja, el juez tercero mixto comercial del Plan Tres Mil, José Rodríguez Echeverría, le otorgó medidas sustitutivas.

Pero este es solo un caso. La semana pasada al menos dos casos similares indignaron a la sociedad. En  un tercer caso,  la víctima murió en una sala de un hospital, en medio de los pedidos  de sus familiares para que su  agresor no sea liberado y se haga justicia.

“Si bien en algunos casos se logra evitar la salida del agresor, esto se debe a  la presión de los grupos de activistas y de la sociedad civil que se articulan para apoyar a la víctima”, afirmó Tapia.

El 28 de noviembre, pese a las protestas de diferentes colectivos y el pronunciamiento de las autoridades y diferentes organizaciones,  el violador Sandro Zenteno obtuvo detención domiciliaria. El beneficio le fue otorgado por el juez primero de sentencia  de La Paz.

De acuerdo a la denuncia, Zenteno abusó sexualmente a sus dos hijas desde que tenían siete y seis años de edad. El agresor  mantuvo ocultas las  vejaciones a punta de amenazas e intimidaciones.

La delegada defensorial departamental de La Paz, Teresa Subieta, repudió la decisión y la consideró  una vulneración flagrante de la norma. Advirtió que en éste como en otros casos similares se  deja desprotegidas a las  víctimas. “Se ignora la situación de vulnerabilidad o de desventaja”, sostuvo Subieta.

“Pocas víctimas buscan apoyo. Muchas prefieren dejarlo ahí porque son intimidadas. Los agresores salen libres, buscan venganza y, por temor, la víctima  desiste. En el caso de Zenteno, la víctima es muy fuerte y quiere seguir en búsqueda de justicia”, manifestó una de las activistas de la  Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto.

Guarda su identidad en reserva porque, al igual que el resto de las activistas, recibe  amenazas de  agresores, abogados y hasta de la Policía por apoyar a las víctimas, realizar movilizaciones y hacer seguimiento. Muchos casos  salen  en titulares cuando se descubren, pero luego son olvidados.

El pasado 2 de diciembre, en La Paz, un juez dio la detención domiciliaria a un hombre de  64 años que agredió sexualmente a una niña de nueve. Aprovechó  que la pequeña  ayudaba a su madre en la entrega de comida para meterla a su taller.

“Lo que nos llama la atención es que un juez le haya dado una medida sustitutiva.  Entendemos que sería por la edad, pero no se está resguardando a la víctima. Estamos aportando más elementos en la investigación para llegar a una sentencia”, aseveró el jurista de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Luis Vázquez.

En el seguimiento de los casos, las activistas han identificado jueces, juzgados  y abogados específicos que actúan en desmedro de las víctimas a cambio de cuantiosas sumas de dinero. El hallazgo coincide con las alertas dadas por Tapia, quien afirma que la corrupción es la principal causa de la impunidad y que hay autoridades reincidentes en ese delito.

Una muestra del uso de chicanas, es el caso de Franklin Orlando C., un abogado denunciado por abuso sexual contra la hija de nueve años de su expareja. El vejamen se denunció en agosto de 2020, pero el jurista usó una serie de acciones para retardar el proceso.

No se presentaba a las audiencias, cambiaba sin problemas de domicilio para evitar ser notificado. De forma irregular, la  Fiscalía demoró meses en librar la orden de aprehensión,  que no está siendo cumplida.

La detención domiciliaria  y la libertad

  • Libertad  Víctimas, activistas y juristas explican que si bien la detención domiciliaria indica que el acusado debe guardar encierro, la falta de control para su cumplimiento  hace que prácticamente se convierta en una libertad irrestricta.
  • Abreviación Otro de los puntos problemáticos  es la Ley 1173 de abreviación  procesal. Con esta norma, durante los primeros  cinco meses de cuarentena al menos 10 feminicidas sentenciados y acusados lograron salir libres. Además, varios  agresores sexuales de niñas y niños también lograron beneficiarse con “medidas sustitutivas”.
  • Denuncias  Ya en gestiones pasadas se hicieron varias denuncias contra  jueces que incurren en irregularidades para beneficiar a los agresores. En diferentes momentos se comprometió la elaboración de informes departamentales al respecto. Sin embargo,  hasta ahora no hay datos oficiales. El  Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura   pidió transparencia e información pública de este tema.

Viviana, una muerte que no encuentra justicia

El sábado, Viviana fue enterrada luego de siete meses de agonía por la golpiza que le propinó su pareja  Rubén C. El agresor,  que el 10 de mayo pasado la golpeó hasta dejarla inconsciente,  está apunto de salir de la cárcel porque el tiempo de prisión preventiva  terminará en breve.

La Defensoría del Pueblo observó  el lento avance en este caso. Cuestionó que en los  seis meses en los que el acusado estuvo en detención preventiva por el delito de  tentativa de feminicidio, la Fiscalía no haya presentado una acusación formal.

De acuerdo a la familia de Viviana, el acusado cuenta con cuatro abogados    que han solicitado el cambio de su imputación por feminicidio en grado de tentativa a  lesiones graves, lo que -de conseguirlo-   facilitaría al acusado que pueda defenderse en libertad y si recibe una sentencia, ésta será  mínima.

Pese a que Viviana dejó un diario en el que contaba todos los vejamenes de los que era víctima y que los relatos de sus pequeños hijos demuestran la violencia que sufrían de parte del agresor,  no hay avances en el caso. De acuerdo a la familia de la víctima, los abogados de Rubén C. usan  chicanas para retardar el proceso y hay una parcialización de las autoridades que han hecho desaparecer pruebas.

La defensa pretende demostrar que el agresor no incurrió en feminicidio. Se busca descargar la culpa en el hermano de la víctima, quien al sacarla en brazos -ya totalmente inconsciente- se cayó. “Quieren echarle la culpa por una caída, cuando ella ya estaba tendida en cama sin responder. El agresor y su familia no querían que la saquemos de esa casa y la llevemos a un hospital”, afirmó una de las familiares.

Después del deceso de Viviana, la familia pide el cambio de tipificación  a feminicidio. Espera que con eso se pueda evitar que el asesino sea puesto en libertad, pues temen por su seguridad.

ONU observa altos niveles de impunidad y pide dar sentencias
 El viernes pasado, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura publicó las conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. Si bien valoró el avance en la legislación,  también observó con mucha preocupación “el aumento de la violencia de género, en particular, la alta incidencia del feminicidio y de la violencia sexual, así como los altos niveles de impunidad”.

Específicamente en el caso de violencia sexual, el informe pidió revisar la definición de violación sexual establecida en el Código Penal boliviano, ya que -según indica- “se basa en la fuerza y no define el término ‘consentimiento’ ni establece presunciones apropiadas”.

Desde la ONU también se instó al  Gobierno  que vele porque todos los casos de violencia de género, y en particular  en los que haya habido acciones u omisiones de autoridades del Estado u otras entidades que den lugar a la responsabilidad internacional, sean investigados exhaustivamente.

Urgió a  que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser condenados, sancionados debidamente.  Recomendó que las víctimas obtengan una reparación integral, la    indemnización adecuada y  rehabilitación.

El documento también identificó la falta de juzgados, jueces y personal especializado en temas de género. Indicó que los  que hay solo cubren las  ciudades capitales.
Años de  impunidadJaime P. Fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en 2019  por asesinar a su concubina. En junio de 2020 fue  favorecido con  medidas sustitutivas.

Franklin Q. Asesinó a su pareja en diciembre de 2019. Guardaba detención preventiva en  San Pedro, pero un juez, haciendo caso omiso a  dos sentencias anteriores, lo liberó en mayo de 2020.

Javier V. En 2018 el expolicía fue sentenciado a 30 años por matar a su pareja. Sin embargo, en febrero de 2020  se le dio  detención domiciliaria. Un “informe del IDIF” afirma  “que no es un peligro para la sociedad”.

Félix P.   Alias el  Choko Burguer, es acusado de asesinar a su esposa en  2018. Fue beneficiado con detención domiciliaria con derecho al trabajo en febrero de 2020.

Ever R. En abril de 2018 mató  a su enamorada. Fue sentenciado a seis años de cárcel por “homicidio culposo” en lugar de feminicidio. Ahora solo cumple una  detención domiciliaria.

Emidgio I. Está acusado de matar a su esposa  con 20 puñaladas en todo el cuerpo. El hecho ocurrió  en mayo de 2019.  Logró salir de la cárcel con medidas sustitutivas en febrero de  la presente gestión.

Adalid F. Fue  acusado del feminicidio de Rosmery Z. en 2015.  Estuvo prófugo hasta 2017 cuando fue extraditado desde  Argentina . Fue beneficiado con medidas sustitutivas en febrero de 2020.

Página Siete

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