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Piden iniciar juicio a militar acusado de violación

Se trata del proceso en contra de uno de los tres implicados en un caso de violación a una menor de 12 años ocurrido en Yacuiba en 2008. Hasta este año todos ellos gozaban de sueldo de las Fuerzas Armadas

Imagen referencial

Activistas e instituciones denunciaron presuntas irregularidades en el proceso en contra de J.M.N., uno de los tres militares involucrados en un caso de violación registrado en Yacuiba el 2008, en el que la víctima era una menor de edad. El juicio debía instalarse esta semana, pero el Tribunal Primero de Sentencia de Villa Montes determinó dar curso, parcialmente, a un recurso de actividad procesal defectuosa presentado por la defensa del sindicado.

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El juicio no puede realizarse en Yacuiba debido a que ya se llevó adelante un juicio contra otro involucrado, quien fue declarado culpable y la normativa manda que un tribunal no puede evaluar dos veces la misma carga probatoria.

El activista de Derechos Humanos, Hugo Iriarte, informó que la audiencia se había programado para este lunes, pero las autoridades jurisdiccionales dieron lugar a un recurso, con el que se habría anulado parte de la carga probatoria y el proceso, a pedido de la defensa del sujeto.

Inicialmente se dictó un plazo de diez días para que J.M.N. presente otros elementos probatorios. Sin embargo, el Ministerio Público apeló el dictamen judicial e Iriarte dijo que ahora dependerá de una Sala Penal de la capital. Espera que se revierta el fallo emitido en Yacuiba para que se pueda instalar el juicio.

A pesar de que el caso se registró en 2008, no fue hasta esta gestión que avanzó el proceso y el activista denunció que durante todos estos años los tres involucrados continuaron recibiendo sueldo de las Fuerzas Armadas y ascendieron de rango.

“Todos recibían sueldo de las Fuerzas Armadas. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de presentar su Rejap, sus antecedentes para poder ascender, pero cuando ha ocurrido este caso ellos tenían el grado de tenientes, ahora están con grado de mayor”, cuestionó.

Uno de los involucrados en el hecho, Gabriel Hinojosa Castellón, ya fue sentenciado a 15 años el 20 de abril, deberá cumplir la pena en el Centro El Palmar de Yacuiba. Previamente cumplía funciones en la Escuela de Cóndores.

Iriarte afirmó que J.M.N. fue el principal responsable de la agresión, pero gozaba de un alto cargo en la milicia de Montero. Precisamente fue en ese municipio que se logró su captura el 30 de abril, cuando se presume intentaba darse a la fuga al conocer la sentencia del otro sujeto.

El exfiscal departamental, Gilbert Muñoz, es quien asume la defensa técnica del acusado e indicó que el recurso que presentó responde a que se habrían vulnerado los derechos del militar a un debido proceso, calificó su aprehensión como “ilegal”.

“La Fiscalía le dice al juez que no pueden encontrar a nuestro defendido y lo hacen declarar rebelde. Lo mismo ocurre en la fase de juicio, cuando la Fiscalía conoce dónde lo podían notificar para que él asuma defensa. La Fiscalía vulnera su derecho a la defensa y la información”, aseveró.

Antecedentes

De acuerdo al informe del Ministerio Público, el hecho se habría registrado en 2008 cuando la víctima vivía con su abuela en un residencial en Yacuiba. En ese entonces, los sindicados cumplían funciones en la Escuela de Cóndores y en ocasiones llegaban a este centro de hospedaje.

Iriarte señaló que el acusado fue quien entabló por primera vez contacto con la víctima de 12 años. Habría fingido hacerse su amigo para luego vejarla.

“Él la forzó y luego fue él quien le contó a los otros dos involucrados. Incluso llegaron a atacarla en grupo”, aseveró.

Se extraviaron documentos del proceso investigativo

La denuncia fue interpuesta en el 2009 y desde Derechos Humanos cuestionaron que durante todo este tiempo no haya concluido la investigación. El activista Hugo Iriarte aseveró que incluso se extravió documentación que se había recolectado con las pericias previas, dijo que recién con el cambio de personal del Ministerio Público se logró concretar avances.

Por otra parte, el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima (Sepdavi) solicitó los informes del caso al Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura para poder asumir defensa de la víctima.

El País

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