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Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz; Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz y Vicente Cuéllar, rector de la universidad UAGRM afrontan hasta ahora tres procesos por al menos 12 delitos que habrían cometido durante el paro cívico indefinido para que el censo nacional de población y vivienda se realice en 2023.
El coordinador del autodenominado «Comité Impulsor de Justicia», Aldo Michel, informó hoy que se activó una nueva denuncia penal en contra de los promotores del paro cívico en Santa Cruz.
«En este momento se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (Sucre), ante el fiscal Juan Lanchipa para que estas nuevas acciones delictivas que se han cometido se investiguen y que el Ministerio Público converja todos los procesos y las denuncias que se han efectuado», indicó Michel en una entrevista con la agencia oficial ABI.
Michel cuestionó que los líderes cruceños no se presentaron a declarar a la Fiscalía pese a que tienen denuncias por el «golpe de Estado» que habría sufrido Evo Morales en 2019.
Los denunciados son Camacho y Calvo por los delitos de incitación a delinquir, organización de grupos militares, daño a propiedad pública y privada, lesiones graves y gravísimas, conspiración, «con rasgos de conducta terrorista», robo agravado y otros.
La denuncia se conoce después de que ayer la Fiscalía de La Paz aceptó una denuncia presentada por un dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) en contra de Camacho, Calvo y Vicente Cuéllar por delitos como resoluciones contrarias a la ley, atentados contra el Presidente y otros, violencia política contra mujeres, atentado contra la libertad del trabajo, racismo y discriminación.
El abogado del gobernador cruceño, Juan Carlos Camacho, lamentó la celeridad con la que está actuando la justicia. «Claramente la Fiscalía está siendo el instrumento de persecución a figuras de oposición», manifestó en declaraciones a la red Unitel.
En pasados días, el diputado del ala «arcista» Rolando Cuéllar anunció la apertura de otro proceso por varios delitos que se habrían generado durante el paro cívico indefinido.
La misma fiscalía que admitió la denuncia contra los líderes cruceños desestimó la denuncia contra los dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS por el cerco a la ciudad de Santa Cruz.
«En el caso de la denuncia de Creemos, ha pasado por el fiscal analista Osman Pereira, quien arbitrariamente, de forma oscura, ha tenido un análisis muy pobre de la denuncia indicando que no existía elemento probatorio sobre lo denunciado cuando toda la opinión pública tiene conocimiento de los distintos videos, notas de prensa sobre la violencia que se ha ejercido para materializar el cerco», lamentó el abogado de la alianza política Creemos, Carlos Ledezma.
La denuncia en contra de los dirigentes de sectores sociales del MAS fue presentada por el diputado Erwin Bazán por los delitos de genocidio, terrorismo y organización criminal.
En su denuncia vinculó a la ministra María Nela Prada y su colega Edgar Montaño con los cercos que pretendían asfixiar a esa ciudad privando de alimentos, combustibles, oxígeno para hospitales y otros servicios.