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La crisis de 2019 deja unos 200 presos políticos, la mayoría sin sentencia

Desde el 19 de noviembre de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2022, unas 200 personas que participaron en las movilizaciones sociales que se vivieron en 2019 y las que acompañaron a Jeanine Áñez en su paso por la presidencia de Bolivia fueron aprehendidas. La mayoría está  procesada por los casos Golpe I y II y otra veintena de delitos que, a juicio de activistas en derechos humanos, es una persecución política evidente.

Bolivia vivió una convulsión social, a fines de 2019, tras las elecciones presidenciales fallidas del 20 de octubre, debido a denuncias de fraude electoral por parte del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) que postuló por cuarta vez a Evo Morales Ayma, quien renunció a su cargo y salió del país.  

El 8 de noviembre de 2020, el MAS volvió al poder tras ganar las elecciones con Luis Arce Catacora como candidato presidencial.

Once días después de la posesión de Arce se detuvo al exdirector de Migración Marcel Rivas por el caso conocido como Alertas Migratorias y  fue el inicio de cientos de “detenciones políticas con el aparato judicial como brazo operativo del Gobierno”, señaló el observador de Derechos Humanos y asesor de la Asociación de Familiares de Perseguidos y Presos Políticos (Afavin), Fernando Hamdan. 

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La mayoría está sin sentencia y los acusados guardan detención preventiva en cárceles de Bolivia o domiciliaria en casos excepcionales, como el de la exministra de Salud, Eidy Roca, quien padece una enfermedad terminal.

Golpe de Estado I y II

Los casos más conocidos son los denominados Golpe I y Golpe II en los que figuran 10 procesados, como la expresidenta Áñez; sus ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán; el dirigente cívico Marco Pumari; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y varios generales de las Fuerzas Armadas y jefes policiales.

Ministros

Entre los presos políticos, seis exministros y exviceministros están acusados por los casos Golpe I y II y otros por incumplimiento de deberes, contratos irregulares para la compra de respiradores y nombramientos ilegales de diplomáticos, de acuerdo con la investigación de Afavin.

Con la detención de Áñez, se puso en evidencia la decisión del Gobierno de enjuiciar a las autoridades que la acompañaron en su gestión, a sus afines y a los opositores al Gobierno, indicó Hamdan. 

Para el activista Franco Albarracín, se trata de una evidente persecución política del Gobierno del MAS contra los opositores y los que piensan diferente. “El Gobierno utiliza la justicia como brazo operativo para perseguir a quienes lo incomodan”, afirmó.

Hay nueve sentencias 

El 10 de junio de 2022, la expresidenta Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión en la cárcel por el caso denominado Golpe II. Además, fueron condenados siete generales de las Fuerzas Armadas y jefes policiales por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes cometidos en noviembre de 2019.

El excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, y el excomandante general de la Policía, Vladimir Calderón, fueron sentenciados a 10 años de cárcel en la cárcel de San Pedro, en La Paz. Ambos fueron condenados en rebeldía.

Los excomandantes de las FFAA, Jorge Elmer Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas, fueron condenados a cuatro años de prisión en el penal de San Pedro. También fueron declarados en rebeldía.

Otros sentenciados son el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta y el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce. El primero recibió una pena de tres años en el penal de San Pedro en La Paz y el segundo dos años. 

Dos exjefes  procesados en el caso Golpe II se declararon culpables y se acogieron a un juicio abreviado. Se trata del general Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, y el almirante Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada. Ambos fueron condenados a tres años de cárcel. 

En el marco del caso Alertas Migratorias, la Justicia determinó tres años de prisión para el exdirector de Migración, Marcel Rivas.

Hamdan mencionó, además, los casos de la exministra Eidy Roca, quien peregrinó por más de un año para atender su salud en Argentina, y  de la excanciller Karen Longaric, quien se encuentra en Alemania y afronta siete procesos judiciales en su contra relacionados con su cargo en el periodo presidencial de Áñez.

Adepcoca

El abogado Eusebio Vera también se refirió a la detención “política” del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, quien debería beneficiarse con detención domiciliaria, debido a su estado crítico de salud. Afavin registró 32 presos de Adepcoca acusados de organización criminal.

Los Tiempos

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