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Gobierno ve el informe de García Sayán como un insumo para transformar la justicia

  • El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles. | Captura de video

ERBOL

El relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, presentó su informe sobre la situación de la justicia en Bolivia donde, entre otras cosas, recomendó «impulsar un debate nacional» sobre las reglas para la elección de los magistrados. Mientras que desde el Gobierno consideraron el documento como un insumo para transformar la Justicia.   

En el informe del representante internacional denominado «Visita al Estado Plurinacional de Bolivia» se advirtió que las autoridades judiciales de Bolivia se encuentran «expuestas a diversas formas de injerencia o presión».

«Esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción», señala parte de la conclusión 104.

En ese sentido García-Sayán recomendó a «todos los sectores relevantes» a impulsar un «debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo».

El representante insiste en el «crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho y los estándares contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura».

Desde el Gobierno, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, consideró el documento como un «insumo» para conducir la reforma en la justicia en el país que se busca implementar para este año.

«El informe, sin duda, emitido por el relator especial del doctor Diego García Sayán es un insumo importante para la reforma y transformación del sistema de admisión de justicia en el país», afirmó la autoridad quien dijo que se trabajará para su cumplimiento.

En otro de las conclusiones del informe se señala al caso de la expresidenta Jeanine Añez, quien se encuentra detenida preventiva por los denominados casos Golpe de Estado I y II respecto a su irregular asunción al poder y los hechos tras la renuncia de Evo Morales en 2019.

«Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que la Sra. Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator Especial al Estado Plurinacional de Bolivia, este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso» , se lee en el párrafo 87.

«Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud», añade.

Entre las recomendaciones, García-Sayán instó a que el Ministerio Público deba avanzar en las investigaciones tras la crisis de 2019 y 2020 «sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Debe garantizarse la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar».

Además que se debe «extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia». En ese sentido, dijo que todas las instituciones del Estado «deben respetar y observar la independencia del sistema judicial».

«Hay consensos favorables recogidos por el Relator Especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución», sostiene.

En ese sentido consideró que es «crucial que el énfasis en una justicia de esas características sea una política de Estado y que se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales».

Por ello, para llegar a ese objetivo, el Relator especial recordó haber recogido numerosas manifestaciones en favor de la conveniencia y urgencia de vertebrar un «gran acuerdo nacional» al respecto e hizo un llamado a la sociedad e instituciones bolivianas a «marchar en esa dirección».

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