Ministerio de Economía niega uso de fondos en deuda y dice que el déficit será menor. La APS asegura que la norma busca proteger “la inversión de aportantes, precautelando la estabilidad de las pensiones”
La nueva reglamentación de inversiones que deben cumplir las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) busca canalizar recursos de los aportantes al Sistema Integral del Pensiones (SIP) hacia el Estado y cubrir el déficit fiscal, según economistas. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas rechazó las afirmaciones a tiempo de indicar que este año el déficit fiscal bajará al 7,49%.
Recientemente la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) mediante una resolución administrativa modificó el reglamento de inversión para las AFP restringiendo la colocación de los recursos que manejan BBVA y Futuro de Bolivia en los bancos.
De acuerdo a un informe técnico de este ente regulador, hasta el 30 de noviembre de 2022 los fondos del SIP llegan a $us 23.967 millones, de los cuales la cartera de inversión ascendió a $us 23.595 millones y los recursos de liquidez alcanzan los $us 372 millones.
Este mismo informe señala que un 54% del valor total de los fondos están invertidos en el sector bancario, mientras que los valores invertidos en el Estado alcanzan el 30% y la representación en otros valores no bancarios alcanza a un 7%.
En la resolución emitida por la APS sostiene que para mitigar el impacto y futuros riesgos, las inversiones que podrán hacer las AFP serán de hasta un 54%. Anteriormente, las operadoras de pensiones podían invertir hasta un 65% en deuda bancaria.
Según el ente regulador, este ajuste es para poder “mitigar el riesgo de inversión en depósitos a plazo fijo (DPF) de las entidades de intermediación financiera que presentan mayor riesgo crediticio a tasas superiores”.
En contacto con EL DEBER, el Ministerio de Economía precisó que “la mencionada Resolución Administrativa no tiene el objeto de direccionar las inversiones a sector alguno, tiene el propósito de garantizar las inversiones de los aportes de los trabajadores en entidades financieras solventes”.
Asimismo, la cartera de Estado agrega que las AFP tienen toda la libertad de decidir el portafolio de inversiones que más les convenga y con el que consideren que puedan generar mayores rendimientos con el fin de que los aportantes, al cumplimiento de requisitos, puedan acceder a una jubilación que les otorgue una pensión vitalicia y, a su fallecimiento, dé beneficio a sus derechohabientes.
Buscan recursos
Las reacciones de especialistas no se dejaron esperar. El economista y exdirector de la Fundación Milenio Napoleón Pacheco sostuvo que poner límites a las inversiones de la AFP en el sector financiero permitirá al Gobierno canalizar los recursos de las jubilaciones para financiar las inversiones y gastos del Estado.
Observó que se quiera limitar las inversiones en Depósitos a Plazos Fijos (DPF) y bonos bancarios que son instrumentos financieros que tienen una renta fija y no variable.
“De modo que asumir o plantear que (el cambio) es por la seguridad de los fondos, me parece un argumento deleznable. En esencia, se orienta a que las AFP puedan colocar recursos en los bonos que emita el Ministerio de Economía”, dijo.
El especialista indicó que el déficit presupuestado por el Gobierno para el 2023 es un 8% y el Ejecutivo no piensa reducirlo. Ante esto, según Pacheco, busca la forma de financiarse.
“La única caja disponible son los recursos de las jubilaciones que están en las AFP y el Gobierno ahora quiere controlar. Las reservas han caído y el monto en efectivo no alcanza para cubrir un mes de importaciones”, sostuvo.
El especialista en finanzas Jaime Dunn sostuvo que “de entrada el TGN ya accede a más del 80% de los recursos de las AFP”.
Reveló que llama la atención que ahora la regulación sea más específica que antes a la hora de fiscalizar los aportes de las AFP.
“Esto hace que los bancos que no cumplan los requisitos de la APS no puedan acceder a estos recursos”, agregó el especialista.
En esa línea, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) José Luis Espinoza explicó que anteriormente existían mecanismos que garantizaban y minimizaban los riesgos de los aportes que manejan las AFP. “Al incluir nuevos requerimientos de regulación que pueden ser discrecionales, pueden variar en el tiempo”, señaló.
Apuntó que la nueva reglamentación podría beneficiar o perjudicar a determinadas financieras.
Gustavo Rodríguez, especialista en pensiones, coincidió en que la medida busca acaparar más recursos para el Estado. No obstante, explicó que por años los bancos se han financiado pagando tasas demasiado bajas.
Esto provocó una baja rentabilidad de los aportes. Y dijo que el problema no es que el Estado tenga estos recursos, sino las bajas tasas que pagan a los usuarios.
El Deber