Dijo que concurrió a la Defensoría del Pueblo por la persecución política y vulneración de sus derechos, donde le pidió que se pronuncie e investigue sobre las denuncias referidas, pero no fue atendida.
La excanciller, Karen Longaric. Foto: Internet
Con siete procesos en su contra instaurado por el Gobierno de Luis Arce, la excanciller Karen Longaric, durante la gestión de Jeanine Añez, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la persecución política y acoso judicial que se ejerce en su contra.
“La información que cursa en este documento evidencia la flagrante violación de mis derechos a través de la persecución política y el acoso judicial, con el objetivo final de privarme de libertad por motivaciones estrictamente políticas, sin respaldo legal ni fundamentación jurídica alguna (…) Tengo a bien dirigirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como instancia competente para la protección de los derechos humanos, para solicitar su ayuda y buenos oficios en función de precautelar mis derechos y poner fin a la persecución de la cual soy víctima”, dice el documento que fue difundido por exdiplomático Jaime Aparicio.
Longaric fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores el 14 de noviembre de 2019, por la presidenta de transición, Jeanine Añez y desempeñó sus funciones hasta el 6 de noviembre de 2020. Al moneto, la exautoridad vive en Alemania donde
La exautoridad hizo tres peticiones al organismo internacional: analizar y seguir su caso porque existe una vulneración de los derechos humanos en el país, pide incorporar su caso dentro del monitoreo e informes que realiza ese organismo. A la vez, solicitó una reunión con un representante o un equipo de la CIDH.
Los casos
En el documento que fue presentado en abril del año en curso, Longaric detalla los procesos que le sigue el ministerio de relaciones exteriores. El primero es porque no se ejecutó plenamente el presupuesto destinado para la atención de connacionales en el exterior durante la pandemia del coronavirus. La fiscalía abrió una investigación por incumplimiento de deberes.
El segundo caso es por impulsar la promulgación del decreto supremo 4240 del 19 de mayo de 2020, que aprueba el reglamento del consejo evaluador y calificador de méritos, mismo que debía aprobar el escalafón diplomático. En este proceso es investigada por el delito de resoluciones contrarias a la constitución.
El tercer proceso fue a raíz de una denuncia que presentó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por legitimación de ganancias ilícitas. Al respecto, la exautoridad afirmó que no recibió ninguna notificación sobre la existencia de ese proceso, además que no existen elementos de investigación.
La cuarta demanda interpuesta por la cancillería por presuntos nombramientos ilegales y usurpación de funciones durante su gestión, en la denuncia también se incluye al Magistrado del Tribunal Andino de Justicia, Gustavo García Brito y al exencargado de negocios de Bolivia en el Ecuador, Javier Loayza Barea.
“El acoso judicial es de tal magnitud, al extremo de haber expedido mandamiento de apremio contra mi persona por no haber asistido a la audiencia para prestar declaración informativa. No obstante, que, de manera anticipada, hice llegar con mi abogada un memorial indicando que actualmente resido en Alemania, señalando la dirección actual y el número de teléfono. Es así como incluso el investigador asignado al caso me llamo por teléfono a mi número de celular de Alemania”, señala el documento.
La quinta causa es también por incumplimiento de deberes, pero se desconoce del contenido de la denuncia, en marzo de este año le notificaron con el proceso. La sexta demanda en su contra es un sumario administrativo del que tampoco se conoce las causales. Aseguró que solicitó información al ministerio de Relaciones Exteriores, empero no se le proporcionó ningún documento.
Por último, Longaric dijo que el séptimo proceso es por presunto daño económico al Estado por no usar pasajes. Sobre ese caso, aseguró que su apoderado legal solicitó información a la Cancillería, pero no se le remitió ningún elemento que fundamente esa demanda.
Dijo que concurrió a la Defensoría del Pueblo de la persecución política y vulneración de sus derechos, donde le pidió que se pronuncie e investigue sobre las denuncias referidas; sin embargo, tampoco fue atendida.
ANF