Las dos bancadas de oposición en la ALP legislativa elevarán las quejas ante diferentes organismos internacionales por la arremetida que sufren los cruceños por su paro indefinido que exige censo en 2023.
Foto: Captura de documento.
(ANF)
Las alianzas Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron este lunes que elevarán una queja ante diferentes organismos internacionales por la “criminal actitud” del Gobierno nacional contra el departamento de Santa Cruz que lleva en su décimo día de paro indefinido en demanda de censo para el 2023 y cercados por organizaciones contrarias a esta medida.
La diputada de CC Lissa Claros anunció que en las próximas horas elevarán una denuncia ante cuatro organismos internacionales porque el Gobierno estaría manejando grupos que choque para generar violencia en el paro de los cruceños y en otras regiones donde se materializan movilizaciones en pro del censo para el siguiente año.
“Vamos elevar una denuncia a la Unión Europea (EU), a la Organización de Estado Americanos (OEA), ante el representante permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los delitos que están pasando en Santa Cruz”, anunció.
La parlamentaria de oposición condenó que el Gobierno permita y fomente que grupos de choque cerquen a los cruceños privándoles de elementos básicos como la alimentación, ya que ni en tiempos de guerra se permite ese tipo de extremos.
La bancada de Creemos también informó que elevaron cartas de queja ante representantes diplomáticas de los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Francia, Suiza y a las embajadas de la UE por la “actitud criminal” del Gobierno.
“Los asambleístas de Creemos denuncian la actitud criminal del Gobierno boliviano, denunciamos ante la Comunidad Internacional, los crímenes de lesa humanidad que, bajo el mandato del Gobierno de Luis Arce Catacora, los ministros de Estado, autoridades subnacionales y agentes de las fuerzas del orden y militares, se perpetran en contra de una región que de forma pacífica exige la realización oportuna del censo para el 2023’”, señala la nota.
La misma denuncia fue remitida a la CIDH, la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), OEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), Human Rights Watch y ante el Parlamento Europeo.
Como una especie de contrademanda ante organismo internacionales, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), denunció que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, manejan grupos «paramilitares armados».
“Queremos denunciar ante la comunidad internacional que los grupos paramilitares organizados por Calvo y Camacho están armados. El día de ayer, domingo 30 de octubre, los vecinos de la avenida Mutualista capturaron a una persona con una metralleta calibre nueve milímetros”, aseveró Mamani.
Como una respuesta inmediata, el diputado de Creemos Erwin Bazán calificó las declaraciones de Mamani como temerarias e irresponsables y dijo que es falso que ciudadanos en las rotondas estén armados. Informó que en las próximas horas le enviarán una carta pidiéndole que convoque a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el cerco a Santa Cruz.
Ese departamento se encuentra en su décima jornada de paro indefinido mientras que grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) intentan la suspensión del paro y otros se encuentran cercando el departamento.
Por último, la diputada Lissa Claros pidió al presidente Luis Arce abrogar el Decreto Supremo 4760 que establece la realización del censo hasta el primer semestre del 2024; en caso que no lo haga, advirtió que legisladores de CC analizarán otras medidas más extremas.
“En caso de que el gobierno del señor Arce no deponga esas actitudes en las próximas horas como parlamentarios de la oposición democrática estamos ya valorando otro tipo de medidas extremas y pacíficas, evidentemente para frenar esta oleada de abuso que sufre el pueblo boliviano”, finalizó.