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Caso Rózsa: Gobierno admite carácter vinculante del informe de la CIDH y deja en manos del Fiscal General un proceso penal

CIDH sostiene que videos y registros de internet del hotel fueron eliminados
CIDH sostiene que videos y registros de internet del hotel fueron eliminados

El plazo para alcanzar acuerdo venció el pasado 26 de septiembre. Consideran que la causa puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Gobierno nacional admitió este lunes que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos registrados durante el operativo en el hotel Las Américas, en 2009, tienen un carácter vinculante. Abrir un proceso penal depende del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

Iván Lima, ministro de Justicia, sostuvo que el documento es muy relevante y debe ser analizado con extrema responsabilidad, admitiendo que existen dos vías: un acuerdo con las partes peticionarias o que la causa pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Hace más de 13 años suceden los hechos y la CIDH se toma un tiempo bastante largo para todas las evaluaciones que realiza. La naturaleza jurídica del informe final es algo que pasa en muy pocos casos, una vez que se presenta una denuncia -hay decenas presentadas por bolivianos y miles por ciudadanos latinoamericanos- se inicia un proceso muy complejo y largo, que concluye con un informe final. Los informes finales se dan en muy pocos casos y tienen una característica de vinculatoriedad para los estados que conforman y suscriben el Pacto de San José”, dijo la autoridad en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER radio.

Explicó que, en más de 40 años, la Corte IDH emitió solo unas 400 sentencias, razón por la que es una instancia que no admite todos los casos. Asimismo, confirmó que el documento debió ser remitido el año pasado y que el plazo establecido para una conciliación feneció el 26 de septiembre.

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La entrevista:

“¿Por qué un informe emitido el año pasado recién es notificado al Gobierno de Bolivia el 26 de julio de este año? Ese informe señala un plazo, 60 días, que ha vencido el 26 de septiembre, y ese es el punto fundamental”, agregó el titular.

Lima dijo que se debe respetar la reserva y confidencialidad sobre el caso, y “debe ser evaluado con la característica de vinculante al Gobierno del Estado Plurinacional”, ratificando que el Fiscal General decide si se abre o no un proceso penal por esos hechos al interior del país.

“Las cuatro recomendaciones, el informe en si mismo, tienen dos caminos: un acuerdo con los peticionarios y la posibilidad de ir ante la Corte a discutir con la comisión el alcance de su informe, son los dos elementos que pueden darse, solo hay dos caminos posibles, un acuerdo entre los peticionarios o que el caso vaya a la Corte Interamericana”, insistió el ministro.

La CIDH determinó que en el operativo en el hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno de Evo Morales contra cinco miembros de un supuesto grupo armado. Insta a que, para evitar un juicio internacional, los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano.

“Hay una posición muy clara, de respeto al debido proceso e institucionalidad, todo lo que tenga que ver con un proceso penal es competencia del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, todo lo que tenga que ver con el relacionamiento con la CIDH es competencia del Ejecutivo, de la Cancillería y en este caso del ministro de Justicia, responderemos a todas las argumentaciones de la comisión y un eventual juicio en la Corte, con la responsabilidad que caracteriza a este Gobierno, no adelantaremos criterio porque está en reserva dicho informe”, concluyó Lima.

En su momento el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, que en su momento fungió como abogado personal de Evo, negó que el informe de la CIDH fuera vinculante, atribuyendo a “especulaciones” todo lo que circula en torno al caso y negando que el documento se filtrara desde su despacho.

El Deber

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