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Cainco denuncia discriminación y trato privilegiado para las empresas públicas

Mediante un comunicado, los industriales observan los beneficios que sólo reciben las empresas públicas para el pago del incremento 2022.

Cainco denuncia discriminación y trato privilegiado para las empresas públicas
Videoconferencia de los ejecutivos de Cainco

La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz denunció discriminación del Gobierno respecto al incremento salarial definido para este año. Advirtió que las empresas públicas obtienen privilegios para la aplicación del incremento salarial, a los que los privados no acceden.

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“El Gobierno viene aplicando incrementos salariales diferenciados. Las empresas de familia tienen que aplicar los aumentos decretados por el Gobierno y no pueden quedar por debajo de esta base. No importa si no se han recuperado, no importa si han tenido o no utilidades, no importa si sus ventas han caído”, refiere un comunicado de la entidad.


En cambio, agrega, en las empresas públicas “siguen existiendo privilegios”. Por ejemplo, mencionan que ellas tienen 30 días para establecer si aplican o no el incremento salarial del 3% al haber básico que dispuso el Gobierno tras un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y que el aumento no podría ser mayor al aprobado para este año, “respetando la utilidad neta y la disponibilidad financiera de cada empresa”. 


“Es decir –agrega la nota de la Cainco- que pueden o no aumentar los sueldos argumentando con sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para al menos tres años.  ¿Por qué no se aplica el mismo criterio para todos? ¿Por qué las empresas de familia tienen que negociar sobre la base del 3 y 4% mientras que las empresas públicas pueden quedarse por debajo o simplemente no aumentar los salarios?”, cuestiona.


En sus discursos, la COB y el Gobierno dicen que los empresarios privados den muestras de “solidaridad” en cuanto al incremento salarial “¿Por qué no piden la misma solidaridad a las empresas públicas? Es difícil entender que aquellos que exigen solidaridad a otros, no aplican el mismo criterio para las empresas estatales”, preguntan los industriales. 


La nota agrega que el Gobierno se olvida que durante la pandemia “miles de familias” aportaron de sus bolsillos para hacer llegar alimentos a millones de bolivianos y donar medicamentos, abrir centros de recuperación gratuitos y aportar a los centros de vacunación. “Eso es solidaridad. Está demostrado que nunca hemos necesitado decretos para ser solidarios.  La realidad es que estamos viendo una gran injusticia, una franca discriminación”.

Página Siete Digital

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