La Fiscalía de La Paz admitió ayer una denuncia presentada por dirigentes alteños contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Vicente Cuéllar, por las protestas por el censo.
Junto con la admisión de la demanda, la Fiscalía emitió “alertas migratorias” contra los tres dirigentes, es decir, que las autoridades no pueden viajar al exterior del país.
El abogado del gobernador cruceño,Carlos Ledezma, dijo que la “justicia del MAS” busca generar este “proceso tirano” a quienes “están promoviendo la libertar y la democracia que es el Comité Interinstitucional”.
El legista dijo que es sorprendente que este caso sea admitido en 24 horas, cuando las denuncias contra sectores del MAS, por ejemplo, por el cerco a la capital oriental, no fueron admitidas o siguen a la espera de una respuesta.
La denuncia la presentó el secretario ejecutivo de la COR alteña, Juan Marcelo Mayta, ubicada a cientos de kilómetros de Santa Cruz. La acusación es por ocho delitos, entre los que se encuentran resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, además de violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo y otras.
El abogado del gobernador de Santa Cruz descalificó el actuar de la Fiscalía por aceptar la causa en tiempo récord.
“Es importante que la ciudadanía sepa que esta denuncia corre a pasos agigantados, porque hoy por hoy ya existe una alerta migratoria contra Calvo, Cuéllar y Camacho para presionar por los problemas que vive Santa Cruz”, dijo el abogado.
El otro abogado del gobernador, Martín Camacho, aseveró que el caso fue admitido en La Paz, lo que no procede, ya que los supuestos hechos ocurrieron en Santa Cruz.
“No corresponde a esa jurisdicción. No debió haber sido admitida o el fiscal debió enviarlo a la ciudad de Santa Cruz”, dijo.
Aseveró que aún no han sido notificados formalmente y esperarán el documento formal. “Políticamente, es una forma de arremeter contra los líderes cruceños, una forma de amedrentar”, indicó.
Denuncias contra el MAS
La diputada Luisa Nayar presentó el sábado una denuncia en contra del director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Roberto Flores, quien fue identificado a bordo de una motocicleta distribuyendo petardos durante los conflictos en Santa Cruz. El caso aún no ha sido admitido.
En otro caso, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, indicó que se continúa analizando la denuncia planteada por parlamentarios de Creemos contra dirigentes del MAS, por el cerco a la ciudad de Santa Cruz. La denuncia fue presentada hace más de una semana.
Sin embargo, ya hay 15 aprehendidos por la quema de la sede de la federación de campesinos de Santa Cruz, afín al MAS, y también por el ataque a la Central Obrera Departamental (COD).
Del Castillo dice que “habrá justicia”
Tras la aprehensión de dos nuevos presuntos involucrados en el saqueo a las oficinas de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que el Gobierno “dará justicia al pueblo cruceño que vivió violentas jornadas” en el marco del paro indefinido en Santa Cruz.
La autoridad atribuye estos hechos a “sectores delincuenciales” que protagonizaron enfrentamientos callejeros con sectores que rechazan la continuidad del paro indefinido. Esta movilización desembocó este viernes en saqueos y quemas a dos sedes sindicales. Apuntó a la Unión Juvenil Cruceñista.
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