Algunos empleadores exigen la prueba rápida, pero las trabajadoras deben correr con ese gasto. Por lo que pidieron a las autoridades que esos exámenes sean gratuitos ya que afecta su economía.
Si quieren trabajar durante la pandemia, las trabajadoras del hogar deben cumplir con nuevas condiciones impuestas por sus contratantes, deben hacerse una prueba rápida para mostrar que no tienen el Covid – 19, ofrecer sus servicios “cama adentro” y no llevar a sus niños pequeños, además que el salario es menor, la mitad de lo que ganaban antes.
Pero el costo de la prueba rápida deben cancelarlo las trabajadoras, en uno de los laboratorios autorizados por el Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) de Tarija, Vásquez, Andaluz, Zamora y Medicom, que cobran entre 170 y 400 bolivianos. Un gasto que les será difícil cubrir en la actual crisis económica.
Exámenes
La presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, Miriam Azama, contó que algunos empleadores exigen la prueba rápida para evitar contratar a personas contagiadas, pero debe correr por su cuenta, por lo que pidió a las autoridades que esos exámenes sean gratuitos ya que afecta su economía.
La mayoría se encuentra en sus casas ya que fueron despedidas, están sin alimentación, sin dinero, muchas dejan a sus niños en los hogares de acogida porque ahora para contratarlas también les exigen “cama adentro” y sin hijos.
Tampoco quieren pagar el sueldo justo, que es 2.060 bolivianos “cama adentro”, pero ahora ofrecen 1.000 a 1.200 como si fuera medio tiempo, los contratantes establecen el precio que quieren pagar “aunque no estemos de acuerdo” y sin opción a reclamar, argumentan que ellos tampoco tienen dinero.
Según la responsable de comunicación de la organización Mujeres en Acción, Celina Tavera, lo que más se observaba es que las contratan por medio día con un sueldo de hasta 700 bolivianos, también hay señoras las cuales les conviene trabajar por horas, hacen limpieza en diferentes días y domicilios.
La figura de “cama adentro” era lo que menos se daba porque era cuando más se vulneraban sus derechos, trabajaban más de ocho horas, “aunque es frecuente con mujeres del área rural que no tienen dónde quedarse y que no conocen sus derechos”.
Sus demandas principalmente son dos, explicó Tavera, en primer término el tema de la vivienda. Se calcula que un 70 por ciento de ellas son madres solteras con un promedio de dos a tres hijos y no pueden acceder a una vivienda social porque un 50 por ciento de su salario se va en alquileres.
Otra necesidad urgente que tiene el sector es el acceso a los seguros de salud. Además con las condiciones y horarios en los que trabajan no pueden sacar un permiso para hacer fila por una ficha, esperar que las atiendan, por lo que muchas prefieren no acudir a una consulta médica y esto provoca que tengan condiciones físicas deplorables.
